Dormida

Recomendaciones (conclusión)
9. Integrar las consideraciones ambientales en el sistema fiscal, fomentando la aplicación
de impuestos ambientales, según corresponda, y eliminando gradualmente sistemas de
exenciones y subsidios perjudiciales para el medio ambiente. Profundizar la aplicación
plena de los criterios ambientales en los impuestos sobre combustibles y vehículos,
teniendo en cuenta su contribución a las emisiones y sus impactos sobre la salud.
Sustituir el apoyo financiero público por sistemas de pago por servicios ambientales,
según corresponda, asegurando así la eficiencia del uso de los recursos fiscales y la
eficacia de la protección ambiental.
10. Incluir la evaluación de los efectos ambientales de las políticas económicas, en particular
de gasto e inversión públicos. Ampliar las evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) a
la política energética y los planes de transporte, en particular para el área metropolitana
de Lima-Callao y otras ciudades intermedias, como herramienta de planificación de
largo plazo.
11. Desarrollar un sistema de compras públicas verdes e incorporar las consideraciones
ambientales en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.
12. Reforzar el financiamiento procedente del presupuesto regular para la institucionalidad
ambiental, de manera que permita agilizar la formulación de la política ambiental y la
supervisión del cumplimiento de sus objetivos. Fomentar la evaluación económica de
políticas, planes y programas ambientales, aprovechando herramientas como los análisis
costo-beneficio y costo-eficacia, así como el establecimiento de objetivos y metas con
cronogramas e indicadores de cumplimiento. Fortalecer la aplicación de herramientas
de control de gestión para asegurar el cumplimiento de esos objetivos.
13. Potenciar el papel del sector privado en el desarrollo de la ecoinnovación, la eficiencia
energética, las energías renovables no convencionales, y los sectores de reciclado,
reutilización y tratamiento de desechos, así como en otros objetivos de la política ambiental,
mediante incentivos económicos, respaldos crediticios y créditos blandos, asociaciones
público-privadas y acuerdos de producción limpia, entre otros. Incorporar el componente
de ecoinnovación en la política de I+D y asegurar que los recursos de las regalías fomenten
el desarrollo de centros de conocimiento asociados a la protección ambiental, al
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y a la generación de nuevos nichos
de competitividad favorables al medio ambiente. Aprovechar la responsabilidad extendida
del productor para fomentar procesos de formalización y reforzar los sistemas de
ecoetiquetado, de modo de facilitar la concienciación de consumidores y el buen
comportamiento del sector privado sobre la base de los beneficios para la reputación.
14. Ampliar y profundizar la información económica relacionada con la implementación de
instrumentos de política ambiental (sistemas de cuentas económicas y ambientales
integradas, gasto en medio ambiente, apoyo financiero público, regulación directa,
impuestos ambientales, mecanismos de creación de mercados, cargos por servicios,
sistemas voluntarios, sistemas de información), mediante el análisis costo-eficacia y
siguiendo metodologías y estándares internacionales
1. VÍNCULOS ENTRE LA ECONOMÍA Y LAS PRESIONES AMBIENTALES
En los últimos 20 años la economía del Perú se ha abierto al mundo. El dinamismo de
su crecimiento se ha basado en políticas económicas apropiadas y en un contexto
internacional favorable caracterizado por los altos precios de las materias primas,
componente central de sus exportaciones. En efecto, en el período 2003-2013 las
exportaciones de bienes primarios crecieron un 547%, más que el promedio (473%), y
alcanzaron su máximo nivel en el bienio 2011-2012. La dependencia del modelo de
desarrollo de los recursos naturales (minerales, hidrocarburos, y productos pesqueros,
agropecuarios y silvícolas) se refleja en la creciente participación de estos en las
exportaciones. Las ventas externas de bienes primarios y de manufacturas basadas en
recursos naturales, que en 1990 representaban un 82% del total, actualmente superan el
91%, y durante el período de análisis se acrecentó su peso relativo (véase el gráfico III.1)